El ministro del Interior, José Barrionuevo, admitió ayer que medio centenar de personas se hallan implicadas en la red de funcionarios de policía que simultanean sus misiones oficiales con trabajos de vigilancia para empresas privadas. Barrionuevo realizó esta precisión a EL PAÍS una vez concluida la conferencia de prensa posterior a su reunión con el delegado del Gobierno en Melilla, Andrés Moreno Aguilar.

La prestación de servicios de seguridad privada por parte del subcomisario Antonio Isabel Gómez, hasta ahora jefe de escolta del ministro de Administración Territorial, era conocida desde hace años, según aseguraron ayer a Efe fuentes policiales. Los mismos medios afirmaron que éste colaboró en algunas ocasiones con la brigada de estupefacientes alertando a ésta de la presencia de clientes sospechosos en un hotel de la calle Princesa, de Madrid, donde realizaba tareas privadas de seguridad.Un portavoz de la Dirección General de la Policía reveló ayer que las investigaciones de la Dirección de la Seguridad del Estado comenzaron hace dos meses y confirmó que el comisario Cayuela, instructor del expediente, ha tomado declaración en los últimos días a varios de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional acusados de prestar servicios en entidades privadas.

El mismo portavoz explicó que el comisario encargado de ejecutar el expediente dispone de quince días para tomar declaración a los inculpados, los cuales cuentan, a su vez, con un plazo de ocho días para presentar recursos contra los cargos que se les imputan. Si el instructor lo cree necesario, dispone de ocho días más para practicar nuevas pruebas. En los tres días siguientes debe presentar sus resoluciones y a partir de ese momento los expedientados cuentan con un plazo de ocho días para formalizar sus alegaciones.

El instructor puede no esperar a que culmine este proceso y dirigirse inmediatamente al juez en el momento en que halle indicios de comportamientos delictivos.

Dos suspendidos

La Dirección General de la Policía reveló ayer que los suspendidos en sus funciones, por su presunta implicación en la red de vigilancia de intereses particulares y otras actividades incompatibles, son el subcomisario Antonio Isabel Gómez, quien desempeñaba desde hace dos meses la jefatura de escolta de ministro de Administración Territorial, Félix Pons, y el inspector José Carlos Gijón Isasi, adscrito al servicio central de escoltas. A ambos policías les ha sido retirada la placa de identificación oficial y sus respectivas armas reglamentarias.Las mismas fuentes precisaron que el subcomisario Antonio Isabel está acusado de dirigir la organización dedicada a la prestación de servicios de vigilancia en hoteles, inmobiliarias y otras entidades privadas. El inspector Gijón Isasi ha sido expedientado por su vinculación a la academia W-Z, situada en Fuenlabrada (Madrid), dedicada a la preparación de aspirantes a vigilantes jurados y en la cual ejercía de profesor.

Por su parte, el comisario de Policía de las Cortes, Julián Palau, llamó ayer por la mañana a su despacho al policía nacional Ricardo Rojas -perteneciente a la escolta del presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba-, presunto implicado en la red descubierta por la Dirección de la Seguridad del Estado.

El comisario Palau pidió ayer a Ricardo Rojas, que conduce habitualmente uno de los vehículos de escolta del presidente de las Cortes, que le presente un informe escrito de sus actividades.

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