El abogado José María Ruiz-Gallardón, de 31 años, pasó ayer a disposición judicial tras ser detenido el domingo por la noche cuando revisaba un despacho de abogados, según informó la policía. José María, hermano mayor de Alberto Ruiz-Gallardón, secretario general de Alianza Popular, fue puesto en libertad sin fianza a última hora de ayer, informó un portavoz del juzgado de guardia.

El vigilante jurado de los apartamentos, situados en el número 16 de la calle de Mauricio Legendre (Chamartín), manifestó a la policía que había encontrado al detenido "revolviendo los ficheros del despacho" el pasado domingo.

El detenido, que vive en el mismo edificio en el que fue arrestado, declaró que se dirigía a su apartamento cuando vio la puerta del local abierta y entró "para ver si ocurría alguna cosa", momento en el que fue descubierto por el vigilante jurado del inmueble.

El abogado de oficio de Ruiz-Gallardón solicitó un habeas corpus para que fuera puesto en libertad, pero el juez de guardia lo denegó al considerar correcto el arresto, según informaron fuentes policiales.

Los abogados del despacho en el que fue detenido Ruiz-Gallardón aseguraron a la policía que faltaban una calculadora y un reloj radio. La puerta del despacho no presentaba señales de violencia. Ni en su apartamento ni en poder del detenido se encontraron los objetos que han desaparecido del despacho.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/hermano/mayor/Alberto/Ruiz-Gallardon/libertad/fianza/elpepiautmad/19870204elpmad_6/Tes/

Un desempleado que esperaba turno para cobrar el subsidio y un vigilante jurado resultaron heridos, el primero de gravedad, en el transcurso de un espectacular atraco cometido ayer en una oficina del Banco Central dedicada al pago del subsidio de desempleo. El local, situado en la calle de Chantada, del barrio del Pilar, sólo se abre cinco días al mes para pagar el subsidio. La oficina no dispone de ningún letrero exterior que la identifique como tal, tampoco dispone de teléfono ni consta en la relación de sucursales del Banco Central. Los dos atracadores, que iban armados, no consiguieron apoderarse de una saca de dinero, pero escaparon.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 8.15, cuando un grupo de unos 500 trabajadores en paro formaba cola a la espera de que la sucursal abriera para cobrar el subsidio de desempleo. A esa hora llegó un furgón blindado de la empresa Transegur, encargada del traslado de fondos. Dos vigilantes descendieron del vehículo con una saca de dinero y un tercer guarda, cuyo nombre corresponde a las iniciales J. A. M., de la empresa de seguridad Candi, que montaba vigilancia dentro del banco, abrió la puerta y salió.En ese momento, según un testigo presencial de los hechos, dos hombres que se encontraban camuflados entre las personas que esperaban empezaron a disparar con una escopeta y un subfusil. Los vigilantes jurados repelieron la agresión, mientras el director del banco tiraba hacia el interior del local del guarda que llevaba la saca con el dinero. Las personas que esperaban en la calle salieron corriendo despavoridas o se lanzaron al suelo.

Mecánico con cinco hijos

Julio Varela Salgado, de 34 años, mecánico en paro, casado y con cinco hijos, recibió un balazo que le entró por la mandíbula y cayó al suelo en medio de un enorme charco de sangre. El vigilante jurado J. A. M. recibió otro disparo que le atravesó el brazo derecho. Los atracadores consiguieron escapar en un Seat 131 de color rojo que estaba aparcado en las proximidades. Algunas testigos aseguraron que en el interior del vehículo se encontraba otra persona.

Numerosas balas se incrustaron en la fachada del banco y en el mostrador interior de una lechería situada al otro lado de la calle. En el lugar de los hechos se recogieron más de 25 casquillos.

Los dos heridos fueron trasladados a La Paz, donde quedaron ingresados. Varela, que fue sometido a una traqueotomía, se encontraba en la UVI en estado muy grave. El vigilante será dado de alta hoy.

La oficina asaltada no reúne condiciones de seguridad, según miembros del comité de empresa, y existe una sanción contra el banco por este motivo que está pendiente de resolución. Las colas de beneficiarlos son frecuentes, e incluso algunos duermen en la puerta para cobrar pronto.

El director del banco afirmó que uno de los atracadores era un hombre de unos 30 años, con barba y pelo negro, vestido con una cazadora de color gris claro. El director explicó también que uno de los asaltantes llegó a introducir el cañón de su arma en la ranura de la puerta para impedir que ésta se cerrara.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/MADRID_/MUNICIPIO/BANCO_CENTRAL/heridos/atraco/sucursal/fantasma/Banco/Central/elpepuespmad/19870211elpmad_2/Tes

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (Comaden) ha denunciado el estado de abandono del monte de El Pardo. Según los ecologistas, a los vertidos incontrolados y destrozos producidos en la zona abierta al público (900 hectáreas) se añade la presencia de cazadores furtivos en la zona acotada (15.000 hectáreas). Un portavoz del Patrimonio Nacional, organismo del que depende el monte de El Pardo, afirma que la finca se encuentra en "buenas condiciones" y que es suficiente el número de 30 vigilantes en la zona, ya que han logrado cazar a la mayoría de los furtivos.

Un buitre negro cosido a balazos y degollado y un gamo en similares condiciones fueron encontrados el 17 de febrero por un vigilante jurado del Icona en el paraje conocido como Los Peñascales, al norte del monte de El Pardo. Felipe Samino, el autor del hallazgo, denunció el hecho ante la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Madrid. El Patrimonio Nacional no tiene constancia de este incidente.La caza furtiva es el mayor problema al que se enfrentan los 30 vigilantes del patrimonio en la zona acotada. El Pardo es una de las principales reservas ecológicas de la región. Allí es posible encontrar especies protegidas como el águila imperial o el buitre negro.

Los gamos y los conejos son las víctimas más habituales de os cazadores furtivos, que emplean trampas y armas de fuego para abatir las presas. Las especies protegidas tampoco están a salvo en El Pardo: linces, águilas imperiales y buitres forman ya parte de la lista negra, según denuncia un portavoz de Comaden. El Patrimonio Nacional afirma que la mayoría de los furtivos son cazados; los ecologistas consideran que la vigilancia es "a todas luces insuficiente".
Vertidos incontrolados

Las 900 hectáreas del monte de El Pardo que están abiertas al público soportan todos los fines de semana una avalancha de cientos de visitantes. La apertura de esta zona, en 1976, fue acogida favorablemente por los madrileños. La evasión masiva de los fines de semana había encontrado un nuevo objetivo a 10 kilómetros de la Puerta del Sol. Varios técnicos del Patrimonio Nacional calificaron la apertura parcial del monte como "un desastre ecológico" y expresaron sus temores por la afluencia de domingueros.Los ecologistas describen la situación actual como caótica: vertidos incontrolados, escombreras, conductores que aparcan en cualquier sitio y aprovechan la situación para lavar y cambiar el aceite del coche... La carretera que conduce al palacio de El Pardo, punto obligado de paso para los altos mandatarios extranjeros de visita en Madrid, está salpicada de plásticos, latas y desperdicios en algunos tramos.

Según un portavoz del Patrimonio Nacional, "la zona se limpia con frecuencia; lo que sucede es que el monte es visitado por tal cantidad de gente que es imposible limpiar a medida que se ensucia". La misma fuente señaló que los guardas denuncian habitualmente la presencia de público en la zona acotada del monte, así como el abandono de basuras o el pren dimiento de fogatas.

El citado portavoz añadió que el patrimonio está estudiando la forma de evitar esta situaciones.

Los ecologistas madrileño proponen, entre otras medidas controlar y limitar el número de visitantes, prohibir el acceso en coche a varias zonas y reforzar la vigilancia.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/caza/furtiva/basureros/incontrolados/ponen/peligro/monte/Pardo/elpepuespmad/19870224elpmad_7/Tes

Luis Fernando Domínguez García, de 25 años de edad, vigilante jurado, resultó muerto ayer en la sucursal del Banco Central de la calle del Marqués de Urquijo, número 36, cuando intentó evitar el atraco perpetrado por tres individuos. El vigilante consiguió sacar su arma y herir gravemente a uno de los atracadores, aún sin identificar. Un cliente resultó alcanzado por un disparo en una pierna, y un empleado de caja resultó también herido leve. Los otros dos asaltantes consiguieron huir en la confusión.

El atraco se llevó a cabo aproximadamente a las once de la mañana. Este periódico pudo hablar con Fernando Madera Marcos, el cajero de la sucursal, cuando, a las 14.30, salía del servicio de urgencias del hospital Clínico, cojeando levemente: "El atraco fue muy rápido y el tiroteo lo tengo muy confuso", afirmó. "Entraron dos hombres al banco, los dos de unos 30 años, bien vestidos, uno con chaqueta y otro con una cazadora. Uno de ellos se acercó a la caja y dijo que quería abrir una cuenta corriente. Yo le indiqué dónde tenía que hacer la gestión, y cuando iba para allá le vi que se llevaba la mano a la cintura como si buscara algo. Aquello me pareció sospechoso y le hice una señal al vigilante jurado, que se puso en guardia. Luego ya no sé más. Empezaron a sonar disparos y no recuerdo nada con detalle. Creo haber visto cómo otro de los atracadores saltaba el mostrador y cogía dinero de la caja".Las versiones de otros empleados apuntan a que primero entró un solo atracador, que vio dónde estaba situado el vigilante, y entonces hizo una seña a los otros dos cómplices. El vigilante jurado, alertado por el cajero, debió dirigirse hacia el hombre y entonces éste sacó su arma y comenzó a disparar. Luis Fernando Domínguez recibió un tiro en el tórax, pero tuvo tiempo de disparar y herir gravemente a uno de ellos.

Los otros dos atracadores dispararon también. Los empleados y clientes se arrojaron al suelo asustados, y hablan de haber oído unos 10 o 12 disparos. Un cliente, José Martínez Pinillos, resultó herido de un disparo en un muslo. El propio cajero resultó también con fuertes rasponazos en una pierna, aunque él mismo afirmaba ayer que no sabía muy bien si eran producto de algún disparo que le rozó o de haberse enganchado la pierna en algo.

Los dos atracadores que resultaron ilesos huyeron rápidamente. Los heridos fueron trasladados inmediatamente. El vigilante, el cliente y el cajero, al hospital Clínico, y el atracador, a la clínica de la Concepción. Uno de los atracadores huidos se llevó la pistola del vigilante jurado, una Llama calibre 38 especial, mientras que el arma utilizada por el asaltante herido quedaba en el suelo y era luego recuperada por la policía.

En el hospital Clínico los médicos aplicaron masajes cardiacos a Luis Fernando Domínguez, que había perdido mucha sangre, pero todo fue inútil. Murió a los pocos minutos. Domínguez llevaba trabajando cerca de dos años en la empresa de seguridad Candi, SA, y según un directivo de la misma, de apellido Rivas, era un hombre templado y con experiencia en ese tipo de trabajo. En la sucursal del Banco Central llevaba sólo dos días, supliendo las vacaciones de un compañero.

Una suplencia fatídica

El vigilante muerto se había casado hacía apenas dos meses, con Blanca Cabrero. Su cadáver fue depositado en el velatorio número 3 del hospital' adonde llegaron su mujer, su padre y uno de sus dos hermanos. Un grupo de compañeros de la empresa que estaban allí, muy afectados, impidieron a los periodistas que hablaran con la familia. Fuertes sollozos se oían a través de la mampara de madera que separan los velatorios del pasillo.

. Aproximadamente a las dos de la tarde Regó al hospital una mujer joven, cuñada del fallecido. La mujer no conocía todavía la muerte del vigilante. Preguntó por él, y un enfermero, sin ninguna delicadeza, le dijo: "Está en el velatorio". La mujer se quedó un instante paralizada de estupor, rompió a llorar y salió corriendo hacia allí.

Mientras tanto, en la quinta planta, Martínez Pinillos estaba siendo intervenido para extraerle una bala del muslo. Aunque la herida es de consideración, no reviste gravedad. A las 14.30 salía del hospital el tercer herido, el cajero Fernando Madera.

Fuentes de la clínica de la Concepción declararon, hacia las 11 de la noche, que el atracador, que había sido intervenido a primeras horas de la tarde, continuaba en estado grave. Hacia las 10 de la noche, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía aseguró que el delincuente todavía no había sido identificado.
La polémica de los vigilantes

El tiroteo producido en el asalto a la sucursal del Banco Central reavivó ayer la polémica sobre la conveniencia de utilizar vigilantes jurados, lógicamente armados, en los bancos. Las secciones sindicales del Banco Central de UGT y CNT declaraban ayer que los bancos preferían a los vigilantes jurados porque sus servicios eran más baratos que dotar a cada sucursal de medidas de seguridad pasiva, como arcos de detectores de metales, cristales blindados o esclusas de accesos en las entradas. "La existencia de vigilantes evita muchos atracos, que no llegan ni siquiera a intentarse. Sin embargo, cuando el atraco se produce es habitual que desemboque en tiroteos que ponen en peligro la vida de las personas, incluyendo empleados y clientes", argumentaban los sindicalistas.De hecho, la sucursal asaltada ayer había sufrido cinco atracos en los últimos años. En los tres primeros, sin vigilantes jurados, no hubo heridos. Los dos últimos, el de ayer y otro ocurrido hace dos años, han sido sangrientos. En el de hace dos años resultó herido el cajero de un balazo en el cuello; aunque no murió, el hombre se vio tan afectado psíquicamente que pidió su traslado a las oficinas centrales y, poco después, la jubilación anticipada.

El propio jefe de personal del Banco Central, Jesús Basanta, que acudió al lugar de los hechos, reconoció que la vigilancia armada incrementaba mucho la peligrosidad de los atracos que finalmente se llevaban a cabo. Un directivo de la empresa de seguridad Candi, de apellido Rivas, reconoció también la mayor peligrosidad, pero destacó que en las sucursales con servicio de vigilantes el número de atracos disminuía mucho con relación a las restantes.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICIA/vigilante/jurado/resulto/muerto/evitar/atraco/sucursal/Banco/Central/elpepuespmad/19870902elpmad_1/Tes

Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, aseguró que algunas empresas de seguridad "bordean la legalidad y generan inseguridad", en la reunión que mantuvo con directivos del sector de UGT el fin de semana pasado. La entrevista había sido solicitada a raíz de la muerte del vigilante jurado Luis Fernando Domínguez, el 1 de septiembre, en el atraco a una sucursal de Banco Central en Madrid.

Los representantes de UGT plantearon a Rafael Vera que "las empresas campean a sus anchas", sin apenas inspecciones ni control del Ministerio del Interior, así como la falta de rigor en la concesión de las juramentaciones, títulos necesarios para ejercer esta profesión y que conceden los respectivos gobiernos civiles."A menudo, aunque hay vigilantes en paro, se expiden nuevas juramentaciones", aseguró Eutimío Feliz, secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de CEOV (Comunicación, Espectáculos y Oficios Varios)-UGT, en la que se encuadra el sector de seguridad. Feliz citó otras anomalías, como la concesión del título a "gente sin preparación" en algunas ocasiones.

Según un comunicado de ese sindicato, Rafael Vera reconoció la mala situación del sector y planteó la urgencia de una ley que tenga en cuenta toda la normativa dispersa y unifique criterios.

Respecto al "modelo formativo" de los vigilantes jurados, la intención manifestada por Rafael Vera fue, según la misma fuente, que exista una formación profesional reglada, dependiente de los ministerios de Educación y Ciencia e Interior, sin cuyo requisito no se podrá acceder al cuerpo.

Materias exigibles serían la defensa personal y sistemas de regulación de semáforos, entre otras. Vera afirmó que a los actuales vigilantes se les convalidaría el título tras el periodo de reciclaje.

Control de juramentaciones

Entre los acuerdos tomados figura la creación de una comisión mixta Administración-sindicatos-patronal que se reunirá por primera vez en la semana del 20 al 27 de septiembre para adoptar las medidas que se consideren más urgentes, entre ellas un control más exhaustivo de juramentaciones, las inspecciones necesarias de armas, cajas blindadas, etcétera, y la elaboración de un libro blanco, previo a la ley, antes que finalice este año.

A la reunión asistieron por Interior, además. de Rafael Vera, un representante de la Guardia Civil, cuerpo responsable de las prácticas de tiro de los aspirantes a vigilantes jurados, y Florencio San Agapito Ramos, de la Dirección de la Seguridad del Estado.

Por parte de UGT estuvieron presentes Miguel Ángel de Blas, responsable del sector de CEOV-UGT, representantes de los comités de empresa de Transportes Candi -donde trabajaba Luis Fernando Domínguez, fallecido al repeler un atraco a una sucursal del Banco Central en Madrid-,Transegur, Prosesa y Transportes Blindados, además de Eutimio Feliz.

En cuanto a la disyuntiva vigilantes o medidas técnicas de seguridad, planteada a raíz de la muerte de Domínguez, Eutimio Feliz dijo que esas medidas son complementarias de la existencia de vigilantes, que en la actualidad son insustituibles.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/VERA_FERNANDEZ-HUIDOBRO/_RAFAEL/MINISTERIO_DE_INTERIOR/UNION_GENERAL_DE_TRABAJADORES/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1986-1989/Empresas/seguridad/generan/inseguridad/Rafael/Vera/elpepuespmad/19870917elpmad_4/Tes

En el día de ayer acudí a las 10 de la mañana al Banco de Fomento, sucursal urbana de la calle de Orense, designada por el Inem, imagino que entre otras, para el pago de prestaciones de desempleo.Esta oficina bancaria, como todas, tiene un sistema de acceso de doble puerta con un espacio intermedio, donde ayer las personas quedaban encerradas mientras un vigilante jurado de la empresa Candi, al otro lado del cristal, en funciones que no le son propias, gritaba literalmente: "¡Los que vengan a cobrar el. desempleo, que enseñen el carnet de identidad!".

Acto seguido se dedicaba a comprobar con la lista de perceptores (¿qué hacía en sus manos?, ¿o es de uso público?) los números de carnet de identidad de las 10 o 12 personas que permanecían encerradas entre las dos puertas. Aparte lo vejatorio del sistema, ciñendo la sospecha y desconfianza a los desempleados, que deshonra en primer lugar, al banco y al director de la sucursal, no extrañará a nadie que si el director de una sucursal bancaria asimila desempleo a peligrosidad social, haya quien, con menos cultura, identifique negocio bancario con usura.

Si yo fuera presidente del Banco de Fomento, a título ejemplar, pondría a este empleado (el director) en condiciones de lucir su DNI al mismo agente de seguridad por idénticos motivos, en cumplimiento de sus propias normas. Y es un deseo sólo literario, sin ningún espíritu de venganza: apenas un toque de atención.

Pero este supercontrol discriminatorio e intencionadamente ofensivo no se corresponde con la adopción de medidas de ele-

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mental competencia técnica y profesional generalmente aceptadas.

Cuando el auxiliar de caja, a continuación de pagar, se ausenta de la ventanilla mientras el cliente, en uso de sus elementales derechos, comprueba la cantidad, o, en otras ocasiones, mientras el cliente está aún contando o recogiendo su dinero, comienza a operar con el siguiente, etcétera, resulta evidente que hay deficiencias de bulto en el control interno.

Resulta increíble que queden personas de este talante administrando con cinismo fondos ajenos como si fueran propios, en este caso fondos del desempleo, esgrimiendo contra los beneficiarios su condición de desempleados como causa de discriminación. Como asombroso es que tan lúcido técnico ignore el origen de los fondos que administra. Torpeza recalcitrante que, además de negarse a cualquier observación sobre tales procedimientos, aún manifestaba deseos de hacer gala de un obtuso ingenio. - .

http://www.elpais.com/articulo/opinion/BANCO_DE_FOMENTO/Desempleados/peligrosos/elpepiopi/19871020elpepiopi_9/Tes

El Ministerio del Interior ha impuesto sanciones en el primer semestre de este año por un total de 22 millones de pesetas a 80 empresas de seguridad, y ha cancelado la actividad de cinco de ellas tras comprobar la policía numerosas e importantes irregularidades en sus actividades. Actualmente funcionan en España 700 empresas de seguridad y trabajan 30.000 vigilantes jurados armados (casi la mitad de la plantilla que tiene la Guardia Civil). La irregularidad más frecuente es el servicio de escolta prestado por vigilantes jurados de paisano, actividad ilegal por la que cobran alrededor de 1,5 millones mensuales. Interior está estudiando una reforma del sector ante la proliferación de estas empresas y la dificultad para controlar sus actividades.

* Empresarios y políticos, principales clientes
* Competencia por lograr los contratos de la Expo 92 y los Juegos Olímpicos

El subdirector operativo de la policía, Agustín Linares, reconoce que las empresas de seguridad, desde que se reguló su funcionamiento, en 1981, "son un sector en expansión donde impera una cierta desorganización y anarquía, ante lo cual la Secretaría de Estado para la Seguridad está abordando una reforma de la legislación y ha solicitado propuestas para ordenar sus actividades".Linares reconoce que la policía ha observado numerosas "anomalías, entre ellas la proliferación de vigilantes jurados, que constituyen un ejército paralelo que es necesario controlar porque puede ser muy peligroso que haya mucha gente armada en la calle".
Anomalías frecuentes

Una de las anomalías más frecuentes en estas empresas la constituye la escolta privada, actividad ilegal que prestan vigilantes jurados de paisano. Agustín Linares reconoce que estas empresas están ejerciendo "fuertes presiones para que se legalice esta figura, dado que obtienen importantes ingresos; suelen cobrar aproximadamente 1,5 millones de pesetas por este servicio".Solamente en los primeros seis meses de este año el Ministerio del Interior ha impuesto cerca de 100 sanciones a 80 empresas de seguridad -algunas de ellas han sido sancionadas por diferentes motivos-, ha enviado 15 órdenes de apercibimiento a otras tantas y ha cancelado la actividad de cinco de ellas.

Otras anomalías frecuentes son la falta de control y negligencia en la custodia de las armas, la ausencia de registros o visados que deben pasar por el Ministerio del Interior, los depósitos de fondos y el servicio de vigilancia de guardas jurados, figura no legalizada que presta sus servicios sin armas.

Las empresas que mayores sanciones han recibido en el primer semestre de este año son Esabe Express, SA (2,2 millones de pesetas); Prose, SA (1,15 millones); Grupo 4 Securitas España, SA (1,5 millones); Esbue, SAL (300.000); Sevillana de Vigilancia y Protección, SL (350.000); Grupo Atalaya (1 millón); Raf Bel, SL (300.000); Castellana de Protección y Seguridad (400.000); Transel Seguridad, SA (500.000); Protección Loss Control (600.000); Organización de Seguridad Integral, SA (500.000); Servicio de Protección y Vigilancia (500.000); Secovi (1 millón); Transportes Blindados, SA (300.000); Especial Seguridad (1 millón); Sevialarm (1 millón); Juan Antonio Rubio Corral (500.000), y Cooperativa La Galaica, Protección y Seguridad (1 millón).

Asimismo, el Ministerio del Interior ordenó la cancelación, por "variación de circunstancias básicas que motivaron su inscripción", a Tradeca; Seguridad Rovise, SA; Alas de Rau, SA; Alarma y Seguridad Privadas, y Seguridad Saguntina, SA. Este cúmulo de irregularidades descubiertas en el sector por la policía y que ha llevado a la Secretaría de Estado para la Seguridad a abordar una reforma de la legislación vigente sobre las actividades de las empresas de seguridad se consumará probablemente en un cambio de rango de la ley.

Ahora este sector está regulado por varios decretos, y se estudia llevar a decreto-ley la base de sus actividades, que posteriormente se desarrollaría por diversos decretos.
Propuestas

Las propuestas de la Dirección General de la Policía sobre estos casos son principalmente regular las figuras del vigilante jurado y guarda jurado sin armas, evitar las escoltas privadas, erradicar los depósitos de fondos, regular la figura del detective y ordenar correctamente los requisitos que deben exigirse a una empresa de seguridad con el fin de que se obtengan garantías de que esa sociedad va a funcionar correctamente y en los términos para los que ha sido registrada.La Dirección General de la Policía también ha propuesto controlar la formación de los vigilantes jurados y el control de sus armas y ha sugerido que se investigue y regule la inversión de capital extranjero en estas empresas.

Agustín Linares reconoce que uno de los problemas que más preocupan a los responsables policiales es la proliferación de vigilantes jurados con sus correspondientes armas, y precisa que incluso algunos se dan de baja después de conseguir registrarse, ante lo cual es necesario estrechar los cercos de control.

http://www.elpais.com/articulo/espana/LINARES_MOLINA/_AGUSTiN_/EX_SUBDIRECTOR_GENR/_DE_LA_POLICiA/MINISTERIO_DE_INTERIOR/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICiA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1986-1989/Sancionadas/ano/empresas/seguridad/22/millones/total/numerosas/irregularidades/elpepiesp/19871101elpepinac_3/Tes

Unos 5.000 trabajadores de la seguridad privada, agrupados en la categoría laboral del guarda de seguridad, mantienen una contradictoria situación jurídica. A los ojos del Ministerio del Interior son ilegales, mientras que el de Trabajo aceptó su legalidad desde 1977, año en que el convenio sobre empresas de seguridad incluyó esta figura y fue registrado por el departamento ministerial. Una futura reforma de la seguridad privada, cuyo primer paso ha sido el inicio de la redacción de un libro blanco, suplirá esta contradicción mediante la legalización del guarda.

La legislación actual sólo admite la existencia de una categoría de agente de la seguridad privada, que es la de vigilante jurado. El vigilante jurado, considerado por un decreto de 10 de marzo de 1978 como agente de la autoridad, porta armas, defensas y grilletes, así como uniforme. Tiene la obligación de jurar el cargo ante el gobernador civil provincial, cuestión que le diferencia del guarda de seguridad, que además no puede llevar armas.El vigilante queda convertido al jurar en un agente de la autoridad con la competencia de proceder a identificaciones, mientras que el guarda de seguridad carece de cualquier homologación.

La figura del guarda de seguridad nació como un servicio más rentable para las empresas. Mientras que un vigilante jurado cobra 84.187 pesetas al mes brutas, un guarda de seguridad tan sólo 60.806, según el convenio del último año. Además, las empresas rebajan el precio a sus clientes si se trata de guardias y no de vigilantes, Fuentes de las empresas añaden una tercera razón: existen clientes que prefieren que los agentes de seguridad no porten armas para dar una mejor imagen al público. A esta suma se puede añadir la obligación por imperativo legal de tener más de 21 años en el caso del vigilante, mientras que para guarda, al no estar reconocido por la ley, cualquier edad es válída.
A favor de la legalización

Todo el sector de la seguridad está a favor de la legalización. de esta figura y el Ministerio del Interior ha mostrado su predisposición a reconocer a los guardas de seguridad. Mientras tanto, ha multado en lo que va de año a 31 empresas por montar servicios con guardas de seguridad. El año pasado el número de multas fue de 40 y en 1985 de 17.Desde el pasado 7 de octubre una comisión formada por patronal y sindicatos se reúne en el Ministerio del Interior con el objetivo de elaborar un libro blanco sobre la seguridad privada, que sentará las bases de una posterior reforma legislativa del sector. La comisión está presidida por Florencio San Agapito, adscrito a la Secretaría de Estado para la Seguridad, cuyo titular es Rafael Vera. Interior pretende así cumplir uno de los objetivos marcados desde la llegada al poder del PSOE, que pasa por la regulación de este complejo sector.

El Sindicato Independiente de Vigilantes Jurados y Trabajadores de las Empresas de Seguridad (SITES) pretende el reconocimiento legal del guarda y su juramentación a los 18 años, con lo que tendría categoría de agente de la autoridad. Teófilo Hidalgo, presidente del SITES, entiende que el guarda, que seguiría sin prestar armas según su planteamiento, debería ser un escalón en la formación de todo nuevo vigilante jurado. Opinión distinta mantiene el Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Seguridad (SIPVS), el segundo en el sector, que es partidario de "una reconversión de los guardas en vigilantes", según manifestó su dirigente Juan Manuel García.

Comisiones Obreras, la Unión Sindical Obrera y la Unión General de Trabajadores -esta última mayoritaria en el sector- piden la creación de una categoría, la de vigilante jurado sin armas, en donde se incluirían los guardas.

Los cinco sindicatos exigen además una mayor formación profesional y mayores controles psicológicos. Esta formación, entienden, debe ser efectuada en centros homologados por el Ministerio de Educación y debe contener no sólo aspectos prácticos, sino teóricos como el de derecho constitucional. La patronal, representada en la comisión por la Asociación Profesional de Empresas Privadas de Servicios de Seguridad, ha mostrado su conformidad con la exigencia de una formación más completa.

http://www.elpais.com/articulo/espana/MINISTERIO_DE_INTERIOR/MINISTERIO_DE_TRABAJO_Y_SEGURIDAD_SOCIAL/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1986-1989/Ilegales/Interior/legales/Trabajo/elpepiesp/19871124elpepinac_17/Tes

Dos hombres cometieron ayer un atraco de 2.220.000 pesetas en la sucursal del Banco Central en la calle de Arroyo Pilillas, en el barrio madrileño de Moratalaz, pero uno de ellos -cuya identidad se desconoce- falleció poco después a consecuencia de los disparos del vigilante jurado de la entidad bancaria, según informó la policía.El asalto se produjo a las 10.10 horas, en un momento en que unas 30 personas se encontraban en el local bancario, la mayoría de ellas para cobrar el subsidio de desempleo.

El vigilante, de la empresa de seguridad Transportes Candi, sospechó de un hombre, al que se dirigió, y éste extrajo una pistola, ante lo que el vigilante disparó con su revólver tres veces. Una de las balas alcanzó al sospechoso en el estómago, otra en el costado derecho, en sedal, y la tercera no le alcanzó. Inmediatamente, otro hombre que se encontraba en la cola de cobro encañonó por la espalda al vigilante y le quitó el revólver. A continuación, los dos atracadores ordenaron a los empleados que les entregasen el dinero, que ha sido cuantificado en 2.220.000 pesetas.

Los atracadores huyeron en un Ford Escort. A la altura del Puente de Vallecas el herido tomó un taxi, en el que se dirigió a la gasolinera de Fuenlabrada, según indicó al taxista. Éste, al ver que el usuario de su vehículo parecía en mal estado de salud, se ofreció a llevarlo a un centro sanitario, propuesta que rechazó el herido, que justificó su malestar a causa de un ataque epiléptico. Al llegar a Fuenlabrada el taxista vio que el viajero había perdido la consciencia y lo llevó al ambulatorio de la Seguridad Social, donde ingresó cadáver.

La policía precisó que el revólver del vigilante jurado fue hallado en poder del atracador fallecido, pero no las dos pistolas y el dinero robado.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/MADRID_/MUNICIPIO/MORATALAZ_/DISTRITO/_MADRID/BANCO_CENTRAL/atracador/muerto/vigilante/jurado/sucursal/bancaria/elpepuespmad/19860114elpmad_4/Tes

El Real Mallorca inaugurará unas medidas especiales de seguridad en el campo Lluís Sitjar con motivo del encuentro ante el Barcelona que se disputará el sábado. La directiva del club mallorquín ha confiado a una empresa la vigilancia de los accesos y de los sectores de las gradas más conflictivos del estadio. El Mallorca espera conseguir una recaudación cercana a los 35 millones de pesetas.

La expectación que ha causado la visita azulgrana a Palma es importante y aumenta progresivamente a medida que se acerca la hora de iniciación del encuentro. Antes del sábado es muy probable que en las taquillas se cuelgue el cartel de "no hay localidades" y, según el ritmo diario de ventas, se espera un lleno en el Lluís Sitjar.

El Lluís Sitjar tiene un aforo de poco más de 30.000 espectadores. Para controlar a esa masa de aficionados la directiva mallorquinista contrató los servicios de una empresa privada que se encargará de vigilar los accesos al campo, así como del orden en las gradas. Los directivos isleños desean tener bien controlados a la gran cantidad de hinchas británicos que suelen apoyar la presencia en Palma de sus compatriotas Lineker, Hughes y Venables, tal como sucedió en el reciente torneo Ciudad de Palma. Los supporters serán vigilados de cerca igual que los aficionados locales más exaltados.

El Lluís Sitjar no está catalogado como un campo conflictivo y la última sanción que sufrió -un partido de clausura- se remonta a la temporada 83-84 con motivo de la visita del Valladolid en la que el Mallorca se jugaba la permanencia en la Primera División.

http://www.elpais.com/articulo/deportes/REAL_CLUB_DEPORTIVO_MALLORCA_SAD_/CLUB_DE_FuTBOL/empresa/privada/vigilara/gradas/campo/Mallorca/elpepidep/19860904elpepidep_18/Tes

El ministro del Interior, José Barrionuevo, admitió ayer que medio centenar de personas se hallan implicadas en la red de funcionarios de policía que simultanean sus misiones oficiales con trabajos de vigilancia para empresas privadas. Barrionuevo realizó esta precisión a EL PAÍS una vez concluida la conferencia de prensa posterior a su reunión con el delegado del Gobierno en Melilla, Andrés Moreno Aguilar.

La prestación de servicios de seguridad privada por parte del subcomisario Antonio Isabel Gómez, hasta ahora jefe de escolta del ministro de Administración Territorial, era conocida desde hace años, según aseguraron ayer a Efe fuentes policiales. Los mismos medios afirmaron que éste colaboró en algunas ocasiones con la brigada de estupefacientes alertando a ésta de la presencia de clientes sospechosos en un hotel de la calle Princesa, de Madrid, donde realizaba tareas privadas de seguridad.Un portavoz de la Dirección General de la Policía reveló ayer que las investigaciones de la Dirección de la Seguridad del Estado comenzaron hace dos meses y confirmó que el comisario Cayuela, instructor del expediente, ha tomado declaración en los últimos días a varios de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional acusados de prestar servicios en entidades privadas.

El mismo portavoz explicó que el comisario encargado de ejecutar el expediente dispone de quince días para tomar declaración a los inculpados, los cuales cuentan, a su vez, con un plazo de ocho días para presentar recursos contra los cargos que se les imputan. Si el instructor lo cree necesario, dispone de ocho días más para practicar nuevas pruebas. En los tres días siguientes debe presentar sus resoluciones y a partir de ese momento los expedientados cuentan con un plazo de ocho días para formalizar sus alegaciones.

El instructor puede no esperar a que culmine este proceso y dirigirse inmediatamente al juez en el momento en que halle indicios de comportamientos delictivos.

Dos suspendidos

La Dirección General de la Policía reveló ayer que los suspendidos en sus funciones, por su presunta implicación en la red de vigilancia de intereses particulares y otras actividades incompatibles, son el subcomisario Antonio Isabel Gómez, quien desempeñaba desde hace dos meses la jefatura de escolta de ministro de Administración Territorial, Félix Pons, y el inspector José Carlos Gijón Isasi, adscrito al servicio central de escoltas. A ambos policías les ha sido retirada la placa de identificación oficial y sus respectivas armas reglamentarias.Las mismas fuentes precisaron que el subcomisario Antonio Isabel está acusado de dirigir la organización dedicada a la prestación de servicios de vigilancia en hoteles, inmobiliarias y otras entidades privadas. El inspector Gijón Isasi ha sido expedientado por su vinculación a la academia W-Z, situada en Fuenlabrada (Madrid), dedicada a la preparación de aspirantes a vigilantes jurados y en la cual ejercía de profesor.

Por su parte, el comisario de Policía de las Cortes, Julián Palau, llamó ayer por la mañana a su despacho al policía nacional Ricardo Rojas -perteneciente a la escolta del presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba-, presunto implicado en la red descubierta por la Dirección de la Seguridad del Estado.

El comisario Palau pidió ayer a Ricardo Rojas, que conduce habitualmente uno de los vehículos de escolta del presidente de las Cortes, que le presente un informe escrito de sus actividades.

http://www.elpais.com/articulo/espana/BARRIONUEVO_PEnA/_JOSe_/PSOE/MINISTERIO_DE_INTERIOR/POLICiA_NACIONAL/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICiA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1982-1986/HASTA_1985/elpepiesp/19851130elpepinac_12/Tes/

Tiene Nino Quevedo un noble interés por reflejar en sus películas algunos de los problemas que más acucian a la sociedad española. Su título anterior, Vivir mañana, quiso denunciar las actitudes fascistas de cierta juventud situándolas en el contexto de un colegio que, en sus intenciones, podía recordar al alemán joven Torless. Ahora, en Futuro imperfecto, Nino Quevedo se inquieta con la situación que viven otros jóvenes, aquellos que han concluido sus estudios universitarios y no encuentran estímulos lógicos para desarrollar cuanto han aprendido.El título del filme sintetiza esa denuncia. Ninguno de los personajes que intervienen en la acción lograrán sus objetivos. Quien se licenció en Económicas es ahora vigilante jurado; quien estudió Pedagogía debe aceptar un trabajo que contradice sus ideas; quien no cuenta con subvenciones familiares debe entregarse a cualquier oferta laboral denigrante.

Desolación

Los jóvenes del filme componen un panorama desolador sobre cuanto realmente ocurre en nuestros días. Desolación que Nino Quevedo ha ilustrado con humoradas, en torno al personaje que interpreta Juan Carlos Senante, aquí un músico que no consigue editar su primer disco.La limitación de Quevedo está, quizá, en su forma de trabajo. El conflicto de los personajes se expresa antes en los diálogos que en la propia narrativa. Las secuencias enriquecen poco esos textos, como si las buenas intenciones del director no se prolongaran a su capacidad imaginativa. La progresión dramática es débil. Importa más la realidad que denuncia que el medio estético elegido.

En ocasiones, la pantalla adquiere una fuerza distinta. El momento en que las dos amigas duermen juntas y aprovechan el encuentro para las confesiones íntimas es una de ellas. La interpretación de Nina Ferrer (nueva actriz a la que se deberá observar) está muy secundada por Mercedes Lezcano, otra intérprete a la que el cine español no atiende como debiera. Ellas dos -una, protagonista; la segunda, en papel episódico- elevan el tono del filme. Son sinceras y sensibles. De igual modo, la imprevisible situación que vive el joven vigilante en su encontronazo con quienes intentan robar el supermercado, eleva la película a la condición de drama.

El tono de comedia o el inevitable gracejo aplicado a esta visión de la juventud, no exento de ciertos toques rosa, elegido hasta ese momento, desaparece radicalmente.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Presente/juvenil/elpepicul/19850122elpepicul_11/Tes/

Un vigilante jurado de la sucursal 1.085 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid impidió con una llamada a la policía que el director de la misma, Antonio Trasancos Diezma, se llevara los 10 millones de pesetas alegados como importe de la extorsión por tres supuestos secuestradores, según se desprende de la investigación policial. Fuentes judiciales precisaron que Antonio Trasancos puede ser procesado por simulación de delito y por tentativa de estafa a la Caja de Ahorros.Antonio Trasancos se presentó el día 24 de diciembre pasado en la sucursal bancaria de la que es director. Allí contó que esa misma madrugada había sido secuestrado por tres hombres, que le colocaron en el pecho un artefacto explosivo -posteriormente, se comprobó que era falso- y le exigieron 10 millones de pesetas.

Antonio Trasancos, según la investigación realizada, se personó después en la sucursal y ordenó a sus empleados que llenaran una bolsa con los 10 millones que tenía que hacer efectivos. Sin embargo, un vigilante jurado de la entidad bancaria se negó a que se sacase el dinero e informó a la policía.

Tras las primeras investigaciones, la policía sospechó del director y lo detuvo el viernes pasado. Antonio Trasancos ingresó en el juzgado de instrucción número 30, y lo abandonó el lunes en situación de libertad provisional sin fianza. Fuentes judiciales precisaron que se continúan practicando pruebas sobre el caso y que Antonio Trasancos carece de testigos de su supuesto secuestro. Un portavoz de la Caja de Ahorros informó ayer de que "no se han realizados acciones legales contra Trasancos por parte de la Caja, aunque no se descartan". Antonio Trasancos ingresó en la Caja de Ahorros en 1955 y "mantenía una hoja de servicios muy limpia", añadió el portavoz.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/empleado/Caja/Ahorros/simulo/secuestro/intento/llevarse/millones/elpepiautmad/19850123elpmad_7/Tes/

Estoy completamente seguro que las empresas que se dedican a vender seguridad están haciendo un negocio fabuloso. También lo estoy de que tales compañías constituyen ya lo que entendemos como un poder fáctico. La inseguridad ciudadana, que no puede racionalizar por qué razones es incontrolable dado el enorme gasto en aparato policial, se ha convertido en un mercado en alza.Nunca he estado en la URSS y no puedo comprobar si es cierto que allí, como dicen habitualmente los medios de comunicación, el ojo del Estado controla milimétricamente el movimiento de sus ciudadanos. Lo que sí puedo constatar es que aquí, en España, todo está controlado. Cualquier banco, cualquier organismo oficial, cualquier empresa de cierta categoría tiene su señor armado, su cámara de TV interior, su aparato de rayos X, su ordenador y un sinfin de artilugios y fuerzas que imponen al ciudadano de a pie. Sin embargo, todo ello no evita que se sigan cometiendo actos delictivos por doquier ni tampoco que se produzca un espectacular atraco a pleno día, como es el caso del Banesto.

A una entidad bancaria me refiero precisamente con la reflexión de lo anterior. El pasado 8 de febrero he entrado en una sucursal del Banco Central en el barrio de Vallecas a pagar un recibo de la luz, y sin ninguna explicación he sido arrinconado, registrado y amenazado por un vigilante jurado nervioso, que, cuando se ha aclarado que yo no era un atracador, que yo era un desconocido e incauto ciudadano que iba a aquel banco a darle dinero, me ha respondido, ante mi protesta por tan

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exagerada conducta, "¿qué le parecería a usted que aquí hubiera un atraco?". Es decir, que este señor armado, para obtener una pri ma por celo laboral, había entendi do que la mejor forma de que no se produzcan atracos es tratar a todos los que van a un banco como sospechosos. Alucinante, pero cierto. Pero no es esto lo peor, sino el hecho, del que fui testigo, de que el apoderado del banco parecía no poseer ninguna autoridad para oponerse a tan ardiente actividad del vigilante, ya que creo deducir de ello que los vigilantes de estas empresas reciben las órdenes de instancias ajenas a la propia su cursal.

Ni que decir tiene que a las diez de la mañana, todavía dormido, yo me creí en un primer momento que había pasado a un banco que se estaba atracando y que el tal vigi lante era un atracador hábilmente disfrazado. Después comprendí que este señor seguramente sería muy asiduo a las películas norte americanas de TV o que se había tomado en serio las reprimendas de sus jefes por no haber impedido la empresa de seguridad el rififi de hacía unas semanas.

En fin: me parece que Franz Kafka tendría hoy en España tema para rato, y que como no se ponga coto al boom de las empresas de seguridad, a sus atribuciones, a la selección de su personal y a la ale gría de darles armas, dentro de podo no va a ser preciso la necesi dad de la policía judicial, ya que estas empresas la van a suplantar en medios, en personal y hasta en celo profesional-

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Todos/somos/sospechosos/elpepiopi/19850219elpepiopi_6/Tes

Un guardia civil, José Antonio Sánchez García, se declaró ayer culpable del asesinato de un travestido de unos 25 años de edad, al que disparó a quemarropa en la cabeza, utilizando su arma reglamentaria, el pasado domingo a medianoche. El cadáver de la víctima apareció horas más tarde, envuelto en una manta y atado de pies y manos en la calle Marroc, en el barrio barcelonés del Poblenou. La policía logró detener al presunto asesino en pocas horas, porque un vigilante jurado presenció el suceso y anotó la matrícula del R-12 rojo, propiedad del guardia que efectuó el disparo.

Fermin Estivill López, vigilante jurado de la empresa Esabe, se encontraba en el pasaje de la Concepció, uno de los puntos más frecuentados por los travestidos y sus clientes, cuando creyó oír el chasquido de un disparo en el interior de un coche situado en una de las estrechas aceras del pasaje.

Al mirar al vehículo, el vigilante jurado vio como el cuerpo de uno de los ocupantes del auto caía hacia adelante. El testigo anotó la matrícula del coche, B-4109-FC, que, según el servicio de informática de la policía, resultó ser propiedad del guardia ahora detenido. El autor del disparo puso el coche en marcha, dirigiéndose hacia Rambla de Cataluña. El vigilante le siguió en su auto. Eran las 0.30 horas.

Fermín Estivill comentaría más tarde a la policía, que perdió la pista del coche al llegar al Poblenou, cerca de la calle Pedro IV. A las 6,30 horas del lunes, el guardia jurado acudió a la comisaría de Universidad, donde explicó al inspector de servicio todo lo que había ocurrido. La policía del distrito abrió unas diligencias inmediatamente al tiempo que iniciaba la investigación del caso, que quedaría más tarde a cargo del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior.

Vestido de mujer

Poco después, en el otro extremo de la ciudad, un transeúnte denunciaba en la comisaría del Poblenou, el hallazgo del cuerpo sin vida de un travestido, con una larga melena rubia, atado de pies y de manos y enrollado en una manta. El cuerpo, correspondía a un joven de unos 25 años, de 1,70 metros de altura, que iba vestido de mujer. El cadáver, que fue encontrado en la calle Marroc, junto al cruce con Bilbao, tenía la cabeza destrozada por un disparo.La policía relacionó de inmediato las dos denuncias y el caso pasó al Grupo de Homicidios, de la Brigada Judicial. El vehículo, propiedad del guardia civil José Antonio Sánchez, fue encontrado cerca del domicilio del sospechoso, en la calle Batista, muy próximo también al lugar donde se descubrió el cadáver. En el interior del auto se encontraron manchas de sangre.

Los inspectores penetraron poco después en el domicilio del guardia, en el primer piso del número 6 de la calle Batista, donde también se encontraron rastros de sangre. El agente estaba en su casa. No opuso resistencia a ser detenido y confesó en el momento ser el autor del homicidio.

http://www.elpais.com/articulo/espana/BARCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/GUARDIA_CIVIL/Detenido/guardia/civil/autor/asesinato/travestido/elpepiesp/19850416elpepinac_26/Tes

El reglamento divide el armamento en nueve tipos con requisitos diferentes para su utilización, aparte del general. Las armas consideradas como de defensa personal comprenden las armas cortas de fuego, ya sean pistolas o revólveres.

Los solicitantes para su utilización han de ser españoles o extranjeros residentes en España y mayores de edad. Los únicos documentos que han de entregarse en la comandancia o puesto de la Guardia Civil son un certificado de antecedentes penales y una fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta de residencia, además de un escrito en el que se cite la actividad industrial o comercial del solicitante del arma.

Fuentes de gestorías de armamento afirmaron que "en esta instancia tan sólo hay que incluir el recibo de contribución industrial". Las mismas fuentes precisaron que la Guardia Civil últimamente viene autorizando en gran medida la expedición de licencias a joyeros y farmacéuticos, estos últimos presentando tan sólo un certificado de pertenencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos".

Inseguridad ciudadana

Un portavoz del Colegio de Farmacéuticos señaló que la secretaría del mismo expide diariamente cerca de 500 certificados, pero para múltiples usos, por lo que no podía dar una cifra de farmacéuticos que han decidido proteger su establecimiento con armas de fuego de defensa personal, debido a la inseguridad ciudadana".

"Las licencias de armas largas rayadas -para caza mayor y tiro deportivo- y las de ánimas lisas -escopetas- son más fáciles de obtener, ya que en ellas interviene el, factor de las federaciones de caza y de tiro con pichón", añadieron fuentes de gestorías de armamento.

"El solicitante simplemente compra el arma en la armería y entrega dos fotocopias del DNI, y ésta, a través de una gestoría o directamente, tramita el permiso de armas a la Guardia Civil y la licencia de caza o de tiro a las federaciones", dijeron fuentes de expedición de armas. "El permiso de armas y la licencia de caza le cuestan al solicitante unas 2.200 y 3.500 pesetas respectivamente, y tres meses y unos cuatro días de espera", añadieron las mismas fuentes.

La Federación Española de Caza, tras federar al solicitante, se limita a certificar si practica la caza mayor o menor, según indicaron fuentes de dicha federación. En la actualidad existen más de 1.200.000 licencias de caza, según las mismas fuentes. La Federación Española de Tiro con Pichón ha tramitado 5.014 nuevas licencias en 1984, según un portavoz de la misma.

Posesión ilimitada de armasOtro tipo de armas son las accionadas por aire u otro gas -que comprende las carabinas-, las armas blancas y las antiguas. Para obtener una carabina accionada por aire -las de gas están prohibidas, según informaron fuentes de la Guardia Civil- se precisa ser mayor de 14 años y estar en posesión de una tarjeta de armas. "Estas tarjetas se gestionan en los ayuntamientos de residencia del solicitante", según afirmaron fuentes de las gestorías de armamentos. El reglamento admite para las carabinas de un solo tiro la validez permanente y la posesión de un número ilimitado de ellas. Por otra parte, la adquisión y la tenencia de armas blancas son totalmente libres, para personas mayores de edad, según el Reglamento de Armas.

Los dos tipos de armas restantes están reservados al Ejército y a los cuerpos de seguridad del Estado -las llamadas armas de guerra- y a los vigilantes jurados -armas largas para guardería-, según indicaron fuentes de la Guardia Civil. Para las de este último grupo, "los aspirantes a vigilante jurado de seguridad o guarda jurado de explosivos han de superar unas pruebas que la Guardia Civil realiza, aparte de las que consideren óptimas las empresas para las que trabajen", según las mismas fuentes.

'Armas para los menores'

En el Santiago Bernabéu se llaman Ultra Sur; en el Manzanares, Frente Atlético; en el Camp Nou, Boixos Nois, y en Gijón, Ultra Boys. La antigüedad de estas bandas no supera en ningún caso los tres años, pero en uno se han extendido de Barcelona a Cádiz, de Valencia a Sevilla. Su modelo es el británico o el italiano. Son muchachos que rondan los 20 años, radicales y sin un duro, que cada 15 días se colocan detrás de una portería armados con banderas, vestidos de punkies, mods, rockers o heavies. Las ya viejas reyertas entre diferentes bandas de rockeros se han actualizado con otro tipo de espectáculo, tan masivo como el pop: el football. Son los fanáticos del fondo sur, hinchas acérrimos de su equipo, salvaguardas de la honra de los clubes, que durante años les protegieron. Pero llegó la hora de tomar precauciones.

La violencia en el campo del Real Madrid lleva un nombre: Ultra Sur. El club madridista tiene declarada la guerra a los socios y aficionados que se agrupan bajo esa denominación. Sus integrantes se asegura que son fruto de una escisión producida en la peña madridista Las Banderas. Los dirigentes de esta peña expulsaron a un grupo de sus miembros ante el cariz violento que tomaban, y que ahora ponen en práctica en el Fondo Sur del campo.La respuesta madridista a esa guerra comenzó en 1983. Ese año, en Zaragoza, se disputó la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. El club madridista organizó el viaje de sus socios a Zaragoza en autocar. En uno de ellos viajó un grupo de aficionados y socios madridistas que convirtió el autocar en campo de batalla.

La Comisión de Disciplina del Madrid consiguió identificar a 11 viajeros como autores de los actos de violencia. De los 11 identificados, que, además, coincidieron en su tipo de vestimenta -pinchos, una calavera y el pelo a lo punk-, siete eran socios del club. Fueron expulsados.

El Real Madrid expulsó a tres socios más la pasada temporada al probar que, en el partido frente al Athlétic de Bilbao, lanzaron bengalas al campo. Una de ellas alcanzó al portero bilbaíno.

Más de 300.000 pesetas por partido se gasta el Madrid en la contratación de unos 120 vigilantes jurados, que se encargan de mantener el orden en las gradas del estadio Santiago Bernabéu y de bolaborar con los porteros y acomodadores del club madridista. La cifra de vigilantes se triplicó esta temporada.

El Madrid, tras la agresión que sufrieron el miércoles Santillana y San José, después del partido de ida de la final de la Copa de la Liga frente al Atlético de Madrid, se dirigió por escrito al Gobierno Civil de Madrid, para que extreme su vigilancia para el partido de vuelta, el día 15, ante el temor de posibles represalias de los Ultra Sur contra los aficionados del Frente Atlético, a cuyos integrantes se les acusa de las agresiones.

El pasado 18 de mayo, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga, entre el Real Madrid y el Barcelona, jugado en el Santiago Bernabéu, según una fuente del club madridista, un vigilante jurado detuvo a un socio, situado en la demarcación de los Ultra Sur, por lanzar una bengala al terreno de juego. Éste se resistió, junto con un hermano y un amigo, por lo que intervino la Policía Nacional, que les llevó detenidos a la comisaría de Chamartín, donde fueron denunciados.

La versión del padre de los dos hermanos, Antonio y Manuel Manzano Carmeño, de 21 y 18 años respectivamente, es diferente. El padre asegura que el vigilante jurado del Madrid llegó agredir con su porra a Manuel, al que se le atribuye el lanzamiento de la bengala. Añadió que a los detenidos les llevaron a una habitación dentro del campo, donde les pegaron y les desnudaron para ver si estaban pinchados. La familia denunció por malos tratos a la Policía Nacional y a los guardias.

Agresión en la carretera

El 17 de febrero de 1985, después de jugarse el partido Atlético de Madrid-Valencia, cuando el equipo valenciano regresaba a su ciudad en autocar, éste fue agredido en las proximidades del Manzanares. Un grupo de aficionados jóvenes lanzó piedras al autocar, al que rompieron varias lunas.

El gerente del Valencia, Salvador Gomar, resultó con heridas por los cristales rotos. Algunos jugadores del Valencia saltaron del autocar y alcanzaron a uno de los jóvenes atacantes, del que, al ser menor de edad, solamente se facilitaron las iniciales: A. G., que un tiempo antes causó baja como socio del Atlético de Madrid por falta de pago. Detenido inmediatamente por la policía, fue trasladado a la Comisaría de Carabanchel, donde fue denunciado por el propietario del autocar. El caso está en el juzgado y aún no ha sido resuelto.

En seguida se culpó, como ahora en el apedreamiento de Santillana, a los Ultra Sur, aunque sus dirigentes afirman que nada tienen que ver. Ultra Sur es una derivación de la peña Rubén Cano (en 1982, Hugo Sánchez, y hace dos temporadas, Frente Atlético). Su retrato robot es como el de otras bandas, sólo cambian los colores: Tienen entre 16 y 18 años, estudiantes y parados. Se reúnen en un pub. Hay punkies, rockeros, mods, heavies; de Fuerza Nueva, a UGT y PSOE. Su ideal de sangre rojiblanca es Arteche; y su odio máximo, el Real Madrid.

Se cartean con Europa

Ninguno oculta que hace años la directiva les ayudó porque le interesaba, como a otras, mantener un cierto respaldo de la masa ante determinadas situaciones comprometidas. Los Ultra Boys de Gijón guardan hasta la artillería en un rincón del campo, cedido por el propio club. Y en la misma revista oficial del Spórting se justifican: "Es un follón transportarlas a pie desde los barrios (...) Si a veces fallan las bengalas, explotan o caen al campo, que la gente sepa que no lo hacemos por fastidiar o montar bronca, sino porque, como no tenemos un dura, las compramos caducadas y fallan", según informa Mario Bango.

Su filosofía es sencilla: "Nos nos gustar empezar la bronca y menos herir la sensibilidad del espectador, pero si faltan al respeto al Spórting tendrán la respuesta que merecen".

Los Ultra Boys se llevan bien con los ultras de España que están empezando ahora, como las Brigadas Amarillas del Cádiz; la Brigada Norte Biri Biri del Sevilla, y la Brigada Ultra Fondo Norte del Valencia.

http://www.elpais.com/articulo/deportes/fanaticos/grada/elpepidep/19850609elpepidep_9/Tes/

Un atracador de 23 años, Juan Rodríguez García, resultó muerto y su cómplice herido en un intento de robo a mano armada realizado ayer en una sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en el barrio de Vallecas. En el tiroteo sufrió, heridas de gravedad el vigilante jurado de la sucursal financiera, que repelió el ataque de lo asaltantes, según informaron fuentes policiales.

A primera hora de la tarde de ayer, exactamente a las 13,29 horas, según la información policial, dos jóvenes penetraron en la Sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid situada en la avenida de San Diego, número 29, en el barrio de Vallecas. Los presuntos atracadores, al advertir la presencia del vigilante jurado de la entidad bancaria, Gregorio Español Rudilla, de 24 años de edad, efectuaron varios disparos contra él. El vigilante repelió la agresión con su arma.En el intercambio de disparos fueron alcanzados por los proyectiles los tres hombres. Uno de los asaltantes, identificado como Juan Rodríguez García, de 23 años de edad, con antecedentes por robo y atraco, falleció en el acto. Su compañero sufrió. heridas, aunque consiguió huir. En cuanto al vigilante jurado, fue trasladado urgentemente al Hospital Provincial, donde se le sometió a una intervención quirúrgica y sus lesiones fueron calificadas como graves.

Los investigadores policiales no han descubierto en el local bancario las armas de los supuestos atracadores, por lo que se cree que el huido debió recoger la de su compañero. En el establecimiento se han apreciado ocho impactos de proyectiles cuatro en la puerta, de los cuales uno en un lateral y otro en lo cristales, otro en él mostrador tres junto al lugar que ocupaba e vigilante.

El atracador fallecido recibió tres impactos de bala, dos de ellos en él maxilar y otro en la región pectoral. El vigilante fue herido en un hombro. A primera hora de la noche, Gregorio Español continuaba ingresado en el hospital y se encontraba "fuera de peligro", según un portavoz del centro sanitario.

Atraco de ocho millones en la Banca March

Ocho millones de pesetas fue el botín obtenido ayer por dos atracadores en la sucursal de la Banca March situada en la calle de Bravo Murillo, número 126, de Madrid. El día anterior, otro tres atracadores se llevaron cuatro millones de. pesetas de una sucursal de la misma entidad en la calle de Mejía Lequerica.A las 9,30 horas de la mañana de ayer, dos individuos, armados con una pistola y un revólver, a los que acompañaba una muchacha, intimidaron a las personas que se encontraban en el establecimiento. Tras Apoderarse del dinero, amenazaron a la conductora de un automóvil Renault-12, a la que obligaron a descender del vehículo, y emprendieron la fuga en el coche.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/MADRID_/MUNICIPIO/VALLECAS/_VILLA_Y_PUENTE_/DISTRITO/_MADRID/CAJA_DE_AHORROS_DE_MADRID/BANCA_MARCH/atracador/23/anos/fallece/durante/tiroteo/sucursal/bancaria/Vallecas/elpepiautmad/19840128elpmad_4/Tes/

El policía nacional excedente José Manuel Castán Belmonte, de 34 años de edad, falleció ayer a consencuencia de una parada cardiaca, 100 días después de haber sido supuestamente torturado en unas dependencias policiales por dos inspectores que momentos antes habían procedido a su detención. Castán Belmonte estuvo ingresado en un centro clínico durante 42 días y permanecía actualmente en situación de baja médica a consecuencia de las lesiones sufridas. Un portavoz policial informó ayer que Castán Belmonte fue detenido por insultar a la policía y que incluso agredió a los funcionarios que le detuvieron.

La familia del fallecido presentó el pasado 13 de febrero en un juzgado de Madrid una querella criminal por torturas contra los funcionarios que le detuvieron. Castán era hijo y cuñado de policías nacionales, se encontraba en situación de supernumerario en este cuerpo y trabajaba actualmente como vigilante jurado en el Banco de Santander.El cadáver de Castán permanecía ayer por la tarde en uno de los velatorios del Hospital Clínico de Madrid -centro en el que fue ingresado aún con vida-, en espera de ser trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde por orden judicial se le va a efectuar la autopsia.

María del Carmen Castán, hermana del fallecido, declaró ayer a EL PAIS: "Mi hermano ha sido asesinado por sus propios compañeros. Nosotros somos una familia de policías nacionales. Mi padre es teniente retirado, y mi marido, sargento del cuerpo. Los inspectores que le detuvieron aseguran que mi hermano insultó a la corporación policial. ¿Cree usted que nosotros podemos insultar a la policía si estamos vinculados a ella por él, por mi padre y por mi marido?"

En una discoteca

Según la hermana del fallecido, los hechos ocurrieron en la tarde del día 1 de diciembre, cuando Castán entró en la discoteca Olympo, situada en el número 15 de la calle de Cipriano Sancho, de Madrid, lugar que solía frecuentar. Tras saludar a unos amigos, subió al piso de arriba del local a conocer, a instancia de uno de los tres propietarios de: la discoteca, a un joyero, todoentre amigos, en opinión de María del Carmen Castán. "El joyero le presentó a dos inspectores del Cuerpo Superior de Policía, a quienes José Manuel preguntó por sus destinos".

Los policías eran los inspectores Amador Miralpeix del Pino y José Manuel Ortiz Prieto, de 35,y 29 años, respectivamente, destinados en el Grupo VI de la Brigada Regional de Policía Judicial. Los dos agentes le pidieron a Castán que se identificara como policía nacional, lo que no pudo hacer por llevar consigo sólo el permiso de conducir.

Según su hermana, Castán fue detenido por indocumentado, introducido en un coche, torturado desde la discoteca a las dependencias policiales de la Puerta del Sol y golpeado de nuevo en los interrogatorios, en ocasiones "con una fusta con una bola de acero". Al día siguiente ingresó en un hospital, donde los médicos facilitaron el siguiente parte: "Traumatismo cráneo-encefálico con fractura del tercio inferior de la cara; triple fractura de mandíbula; contusiones múltiples; miocardiopatía hipertrófica obstructiva en fibrilación auricular; edema agudo de pulmón, y bronconeumonía e infección urinaria". Estuvo ingresado desde el 2 de diciembre hasta el 10 de enero, en que pasó a su domicilio.

Un portavoz de la Dirección General de la Policía (DGP) informó ayer que Castán fue detenido por proferir insultos contra la policía; que opuso resistencia, y que incluso agredió a los funcionarios que le detuvieron. Añadió que, una vez esposado, tuvo que ser reducido porque "embistió contra los funcionarios y los tiró al suelo". Castán, según el citado portavoz, no se identificó como policía hasta que se encontraba en las dependencias.

http://www.elpais.com/articulo/espana/POLICiA_NACIONAL/HASTA_1985/Fallece/policia/nacional/meses/despues/ser/detenido/supuestamente/torturado/inspectores/elpepiesp/19840315elpepinac_3/Tes/

Un empleado de la sucursal de la Caja de Ahorros de Madrid situada en el número 18 de la calle de Congosto, en el distrito de Entrevías, detuvo a un joven de 18 años que había participado en un atraco en la entidad y recuperó la totalidad del botín utilizando la pistola de gas que el asaltante había olvidado sobre el mostrador, informó ayer la Jefatura Superior de Policía.Dos jóvenes, uno de los cuales empuñaba una pistola, irrumpieron en la citada sucursal minutos antes de las 2 de la tarde del miércoles y obligaron a los empleados a abrir la caja fuerte y a tumbarse en el suelo. Cuando ya se habían apoderado de más de 790.000 pesetas, los asaltantes emprendieron la huida pero uno de ellos regresó desde la puerta hacia el interior de las dependencias con intención de recuperar la pistola que había depositado sobre el mostrador.

Sin embargo, un empleado que se apercibió del descuido logró alcanzar el arma y encañonó con ella al joven mientras los demás empleados lo reducían. El nombre del detenido, que llevaba encima la totalidad del botín, corresponde a las siglas J. P. L. S. Se encontraba en libertad provisional, procesado por un delito similar.

Por otra parte, dos jóvenes consiguieron ayer un botín de medio millón de pesetas en un atraco a la sucursal de la Caja de Ahorros de Madrid situada en el número 80 de la calle de Donoso Cortés. Los asaltantes, un muchacho vestido con ropa vaquera y calzado con playeras y una muchacha en chándal, entraron a las 10.55 horas en dicha entidad armados con un cuchillo y lo que parecía una pistola, y se apoderaron del dinero sin encontrar resistencia.

La pareja huyó en un ciclomotor hacia la calle de Cea Bermúdez. La policía ha informado que la sucursal no tenía vigilante jurado, pero sí cámaras electrónicas que registraron la acción delictiva.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/MADRID_/MUNICIPIO/CAJA_DE_AHORROS_DE_MADRID/atracador/detenido/propia/arma/empleado/Caja/Ahorros/elpepiautmad/19840601elpmad_6/Tes/

La falta de una vigilancia institucional contundente, la necesidad de valerse de sus propios medios por parte de los mariscadores y la deficiente ley de sanciones, que no castiga ni combate drásticamente el furtivismo, están produciendo un clima de enfrentamiento en las Rías Bajas gallegas que ya se denomina popularmente como la guerra del furtivismo. En esta confrontación están participando muy activamente personas que antes se dedicaban al contrabando de tabaco.

Un nuevo suceso ha venido a alargar la cadena habitual de enfrentamientos entre los guardias jurados de las cofradías de pescadores de la ría de Arosa con los mariscadores furtivos. Uno de los guardias jurados de la cofradía de pescadores de Aguiño se percató de la presencia de tres planeadoras que mariscaban furtivamente. El vigilante salió a su encuentro, conminándoles a retirarse de la zona. Los tripulantes de las planeadoras no sólo ignoraron el requerimiento, sino que intentaron abordar la lancha del guardia jurado, que pidió auxilio por radio a su compañero de la cofradía de Ribeira. Los dos guardias jurados salieron en persecución de las planeadoras, que se dieron a la fuga en dirección a Cambados, a pesar de los disparos de intimidación lanzados al aire por los vigilantes.

Estos hechos vienen sucediéndose con progresiva frecuencia, sobre todo desde que los contrabandistas han visto mermadas sus posibilidades de introducir clandestinamente el tabaco rubio americano. Por ello dedican sus veloces planeadoras a la captura de almeja roja o blanca, aun estando vigente la veda, para continuar obteniendo pingües beneficios.

Hace unos días tuvo lugar otro enfrentamiento parecido, que se saldó con dos heridos. Los hechos ocurrieron al norte de la isla de Sálvora, cuando los tripulantes de una planeadora fueron repelidos con armas de fuego por los guardias jurados de Aguiño y Ribeira. En aquella ocasión, el herido de mayor consideración, con una bala alojada en el hombro derecho, tuvo que ser atendido, en la residencia sanitaria Montecelo, de Pontevedra, y presentó la denuncia correspondiente. En dicha denuncia no identificaba a los autores de los disparos. El denunciante, en cambio, resultó tener un amplio historial, con numerosos antecedentes como contrabandista. El otro herido, al que había rozado una bala la frente, aseguró que se había producido la herida al caerse sobre unas piedras.

El fuerte control que ejercen sobre las costas los miembros del Servicio de Vigilancia Fiscal ha hecho que sean noticia frecuente las aprehensiones de alijos de tabaco, que los contrabandistas gallegos siguen intentando introducir, sobre todo a través de las zonas de Arosa y La Guardia. Son también frecuentes las retenciones que realiza la Guardia Civil en su vigilancia de la zona marítimocostera por delito de contrabando.

Por todo ello, las famosas planeadoras —simples balsas dotadas de potentísimos motores para huir de las lanchas de vigilancia— son empleadas por los contrabandistas de Cambados o Villagarcía, ejerciendo una competencia desleal con los mariscadores que respetan el ciclo biológico de reproducción y crecimiento de las especies cuando está en vigor la veda y con quienes utilizan artes apropiadas cuando las capturas están permitidas.

La falta de escrúpulos y el alto valor que la almeja alcanza en los mercados en esta época, precisamente por la escasez que provoca la veda, hacen de este molusco uno de los objetivos principales de los piratas del mar, auténticos bucaneros que lo mismo aprovechan la falta de vigilancia de las comandancias de Marina sobre el furtivismo que intentan seguir comerciando con el tabaco fraudulento, siempre moviéndose dentro del estrecho margen de la ilegalidad.

Uno de los principales obstáculos con que tropiezan los mariscadores es precisamente la falta de vigilancia institucional contundente y la deficiencia de la actual ley de sanciones para el furtivismo. Los trabajadores del sector dedican el tiempo de la veda a la implantación de simiente, traslado de bancos y cuidado general de la zona donde obtendrán sus capturas al inicio del invierno, como si de trabajadores agrícolas se tratara, ya que el mar requiere iguales cuidados para su cultivo y rentabilidad. Por ello exigen una respuesta enérgica de las autoridades de Marina, que son las encargadas de vigilar las actuaciones que en materia de pesca o rnarisqueo se salgan de la legalidad.

Escasas denuncias

La inoperancia, sin embargo, parece ser moneda de cambio frecuente. Son pocas las denuncias que se cursan, ya que es muy difícil identificar a las embarcaciones clandestinas, al carecer de folio de matrícula o llevarlo cubierto. Estas denuncias no suelen surtir efecto, y rara vez llega a imponerse alguna sanción o multa. Las sanciones previstas por la ley pueden ser leves, si la culpa es simplemente administrativa; graves, cuando la infracción sea faenar en tiempo de veda, utilizar artes antirreglamentarias o capturar especies inmaduras, y, finalmente, muy graves cuando los infractores utilizan explosivos o artes de arrastre prohibidos, como el can. En todo caso, el importe de las sanciones nunca puede exceder del equivalente a las dos terceras partes del valor de la embarcación multada. La ley tiene numerosas lagunas y es difusa, por ejemplo, en cuanto al tipo de sanciones que corresponde imponer a los mariscadores furtivos de las playas, ya que en este caso la infracción no se comete con ninguna embarcación que pueda servir de referencia para la cuantía de la multa.

Así las cosas, los hombres del mar han arbitrado sus propios sistemas de vigilancia, dotando de guardias jurados a aquellas cofradías con mayor grado de conflictividad. Acogiéndose al Estatuto de Guardias Jurados, elaborado a finales de los años sesenta, tanto en Aguiño como en Ribeira y en Rianxo las cofradías crearon esta figura desde hace unos tres años. Los guardias jurados cuentan cada vez con mejores medios para desarrollar su trabajo, y últimamente han adquirido lanchas casi tan rápidas como las planeadoras a las que tienen que perseguir. Poseen también armas reglamentarias para ahuyentar y disuadir a los infractores. Los disparos dejan a veces de ser meros avisos para convertirse en argumentos convincentes, según atestiguan los frecuentes enfrentamientos.

La Xunta de Galicia decidió hace un mes subvencionar a las cofradías de la isla de Arosa, Cambados, El Grove y Villanueva para que pudieran contratar a 10 guardias jurados que se ocupen de la vigilancia en ese otro lado de la ría arosana. No deja de ser una forma eufemística de dotar a los mariscadores y pescadores de la policía del mar que hace tanto tiempo vienen reclamando. Una reclamación que no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno central.

Entre tanto, siguen sucediéndose hechos similares al de Aguiño Ya hay antecedentes de enfrentamientos violentos, con heridos tanto entre los furtivos como entre los guardias jurados. El uso de armas de fuego y la temeridad de los furtivos, acostumbrados a huidas y encuentros con las fuerzas del orden propios de una película de acción a la americana, subrayan el peligro que se puede derivar de esta situación, que en algunos medios se ha dado ya en denominar la guerra del furtivismo.

Transporte de valores realizado en los años 80 por 2 antiguos Vigilantes Jurados

El incendio provocado que destruyó la noche del lunes el depósito de neumáticos de la empresa Michelín de Oyarzun ha quedado totalmente controlado, si bien ayer noche continuaba consumiéndose el material de caucho almacenado. Artificieros de la Guardia Civil desactivaron, pasadas las 6.30 horas de ayer, un artefacto compuesto por siete kilos de nagolita, que los autores del siniestro, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, colocaron junto a las oficinas tras reducir a punta de pistola al guarda jurado y prender fuego a la mercancía en distintos puntos del almacén.

Los bomberos guipuzcoanos actuaron a lo largo de la noche del lunes en esa misma zona, donde las llamas alcanzaron gran virulencia, ignorando la existencia de la carga explosiva. Una densa humareda se extendía ayer por el lugar, dejando constancia de la magnitud de este incendio, que se propagó rápidamente, a pesar del funcionamiento del sistema de protección con que estaba dotado el almacén.A falta de una evaluación definitiva, la multinacional francesa valora los daños en unos mil millones de pesetas.

El comité de empresa de la factoría de Michelín en Lasarte reaccionó ante el atentado aplazando hasta el próximo martes la reunión negociadora del convenio, prevista para ayer, y suspendiendo la convocatoria de huelga anunciada para hoy y mañana. Los representantes obreros de esta factoría, que cuenta con una plantilla de 3.320 trabajadores, decidieron asimismo convocar a una manfestación de protesta que se celebrará el sábado a mediodía en San Sebastián.

Tales acuerdos fueron adoptados en la mañana de ayer por diecinueve votos a favor y ocho en contra, en el curso de una sesión del comité de empresa, que está constituido por nueve independientes, ocho delegados de CC OO, cuatro de ELA-STV, cuatro de LAB y dos de UGT.

El portavoz de la dirección de Michelín- España manifestó ayer a este diario que el atentado no modificará la voluntad de la empresa de continuar desarrollando su actividad en el País Vasco. "Más de la mitad de nuestra producción", agregó este portavoz, "sale de las factorías de Lasarte y Vitoria, y no abandonaremos esta zona en tanto no se den las condiciones objetivas que nos obliguen a ello".

El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Ramón Jáuregui, se sumó a las condenas por el atentado, señalando que éste va en perjuicio de la economía vasca. "Michelín", dijo Ramón Jáuregui, "es una empresa dura y rígida en la relación con sus empleados, pero esta acción va en contra de la creación de nuevos puestos de trabajo, y lo que este pueblo necesita es em pleo y no bombas".

Contra los intereses obreros

Los representantes de los trabajadores señalaron ayer tarde, en una conferencia de Prensa, que el incendio del almacén de productos terminados de Oyarzun constituye un ataque contra los intereses obreros, al tiempo que negaban autoridad y representatividad alguna a los autores del atentado. "Esta acción", afirmaron, "servirá para que se amplíe aún más la confusión de los trabajadores, algunos de los cuales reaccionan ante estos hechos retrayéndose y desmovilizándose. Nadie, salvo los comités de empresa y los sindicatos, pueden arrogarse la representatividad obrera".Miembros de las secciones sindicales de la factoría de Lasarte manifestaron ayer que el atentado ha introducido en la plantilla cierto temor sobre la actitud que pueda adoptar ahora la empresa, en un momento en el que se negocia la revisión del convenio. "Quienes han provocado el incendio", señalaron, "saben muy poco de la situación laboral en Michelín, y, desde luego, desconocen el alcance de una eventual respuesta de la multinacional".

El secuestro del director general de Michelín en España, Georges Rouzier, en 1979, al que ETA Político-militar abandonó herido con un tiro en la rodilla, cuando la revisión del convenio se encontraba en un punto muerto, era ayer una referencia obligada en los comentarios de los trabajadores de la factoría de Michelín.

La dirección de la empresa reaccionó al día siguiente a la liberación de Georges Rouzier modificando sustancialmente su postura a favor de los trabajadores en la mesa negociadora del convenio, que fue firmado poco después. Varios meses más tarde, la empresa trasladó su dirección general a Valladolid.
Empresa dura

A juicio de algunas centrales sindicales, la empresa Michelín se caracteriza por su resistencia a admitir la representación de los sindicatos, por la concentración en muy pocas manos de los poderes de decisión, la aplicación de métodos de coacción dentro de las factorías y por su gran capacidad para soportar las presiones obreras."Para presionar de verdad a Michelín haría falta una huelga en todas sus instalaciones de Europa", manifestó un sindicalista, aludiendo a los cien días de huelga que protagonizaron el año 1976 los trabajadores de la factoría de Lasarte. "Por eso nuestra línea sindical se apoya en la denuncia activa del carácter paternalista y autoritario de la empresa, a quien afecta que aparezca su verdadera imagen ante la opinión pública".

Según fuentes sindicales, la empresa Michelín está en buena situación económica y sus beneficios netos en 1980 y 1981 ascendieron a 2.000 y a 3.000 millones de pesetas, respectivamente. La empresa presentó el año 1981 un expediente de regulación de empleo que fue rechazado por la autoridad laboral. Desde esa fecha se efectúa una serie de paros técnicos en algunos talleres como consecuencia de la acumulación de existencias.

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