El vigilante jurado Francisco Javier Iglesias Canaval, de 32 años, resultó herido en el cuello por un disparo que se le escapó accidentalmente a un compañero cuando ambos prestaban servicio en el edificio de la Compañía Telefónica situado en la calle de Don Ramón de la Cruz. Un directivo de la empresa Segur Ibérica, a la que pertenecían ambos, dijo: "Eso le puede pasar a cualquiera". Este incidente se viene a sumar a otros similares, en los que diversos empleados de seguridad privada han actuado con impericia o precipitación.

El incidente se produjo sobre las 10 de la noche del pasado día 7, cuando el vigilante José Antonio M. R. había finalizado su jornada laboral y se disponía a guardar el revólver en una taquilla, según su propia declaración en la comisaría del distrito de Buenavista.Luis Valdés, directivo de la empresa Segur Ibérica, a la que pertenecen los vigilantes, explicó que uno de ellos se hallaba en una habitación, donde está instalado el centro de recepción de alarmas, mientras que su compañero salía en ese momento de un cuarto de baño próximo. El arma se disparó cuando José Antonio M. R. la extraía de su funda para guardarla en el armario.

Iglesias fue trasladado por su compañero hasta la casa de socorro de la calle de Montesa, cercana al edificio de la Telefónica, donde los facultativos comprobaron que había sido alcanzado por un proyectil en la región cervical posterior. La herida, en sedal, no afectó a los planos profundos, según el certificado médico, por lo que el paciente fue dado de alta y pasó a su domicilio.

Según fuentes policiales, Iglesias no ha prestado aún declaración en la comisaría de Buenavista, cuyos funcionarios se han hecho cargo de instruir las diligencias y aclarar los hechos. En dicha dependencia, en cambio, compareció José Antonio M. R., que hizo entrega del arma para su posterior examen en el laboratorio de balística de la Dirección General de Policía.

Ambos vigilantes jurados estaban contratados por la empresa Segur Ibérica encargada de la custodia y protección del edificio de la Compañía Telefónica de la calle de Don Ramón de la Cruz.

Un simple fallo

Luis Valdés, directivo de la firma Segur Ibérica, que está considerada como una de las siete grandes del sector, manifestó que el incidente fue "absolutamente fortuito" debido a que uno de los vigilantes "manipuló mal su revólver".Valdés añadió: "Eso le puede pasar a cualquiera", por lo que la empresa estima que se trata de una falta leve, que no implica sanción, sino tan sólo un apercibimiento. "Consideramos que fue un simple fallo, no una negligencia", dijo.

El directivo de Segur Ibérica señaló también que los dos vigilantes, "que son amigos y vecinos", han dado la misma versión de los hechos y no hay motivo para pensar que estos sucedieron de otra forma.

Valdés considera que las lesiones sufridas por Iglesias fueron muy leves y "sólo le afectaron la piel", aunque reconoció que la bala pudo haberle causado la muerte en caso de haber tenido una trayectoria ligeramente diferente.

Medios relacionados con el sector de la seguridad privada reconocen que el auge experimentado por éste ha fomentado el nacimiento de empresas que a veces no ' hacen una rigurosa selección de sus trabajadores.

Algunas de las firmas más potentes han creado sus propios centros de formación para vigilantes jurados, donde éstos reciben un curso cuya duración oscila entre cinco y ocho semanas. Estas empresas suelen realizar un control anual de las facultades de sus empleados.

Según fuentes policiales, sería deseable que las autoridades gubernativas ejercieran un mayor control sobre el negocio de la seguridad privada. El Ministerio del Interior impuso el año pasado 185 sanciones, por importé de 46 millones de pesetas, al considerar que las empresas habían incurrido en diversas irregularidades.

Negocio millonario

El sector de la seguridad prevé facturar este año alrededor de 100.000 millones de pesetas. Parte de este dinero será pagado por la Hacienda pública, debido a que la protección de muchos edificios oficiales corre a cargo actualmente de vigilantes, en lugar de guardias civiles o policías.Expertos policiales reconocen que las empresas se han esforzado mucho en la preparación física de sus vigilantes jurados, sobre todo en materias como el tiro y la defensa personal. Sin embargo, las mismas fuentes opinan que muchas de estas personas .no tienen suficiente preparación psicológica para enfrentarse con frialdad a determinadas situaciones". Otro aspecto que está creando fricciones entre el Ministerio del Interior y los grupos de seguridad es el de las escoltas a hombres de negocios por vigilantes jurados, aunque es una actividad prohibida.