El personal del centro de salud Rafael Alberti, en Vallecas, ha pedido al Insalud que se le dote de medidas de protección -vigilantes jurados- para defenderse del acoso a que están sometidos, fundamentalmente por drogadictos, que, bajo amenazas y actos de intimidación, les exigen recetas para conseguir productos psicotrópicos. La situación de acoso que sufren los facultativos se ha generalizado por todo Madrid, según reconocieron ayer fuentes del Insalud.

El martes, una representación de los trabajadores del centro mantuvo una entrevista con la directora sectorial del Insalud, en la que se pidió el establecimiento de un servicio de vigilantes jurados y otras medidas de protección, como la instalación de una caja fuerte donde guardar los talonarios de recetas, sellos de facultativos y sellos del centro los fines de semana.La situación del centro de salud y ambulatorio Rafael Alberti no es un hecho aislado en absoluto. Informaciones recogidas en otros ambulatorios, todos ellos situados en barrios conflictivos, coincidieron en señalar la existencia de amenazas contra los médicos que resisten a las pretensiones de los drogadictos y se niegan a extenderles recetas. En algunos ambulatorios, como el situado en la calle Sierra de Alquife, también en Vallecas, no ha habido más remedio que recurrir a los servicios de un vigilante jurado.

"Ahora la situación ha mejorado bastante, pero somos conscientes de que no hemos eliminado las coacciones, sino que los toxicómanos se han desplazado a otros centros que no cuentan con protección".

El ambulatorio Rafael Alberti es uno de los que están sufriendo un acoso sistemático. En seis ocasiones, siempre en fines de semana, el centro hasufrido robos de importancia: recetas, material médico diverso, máquinas de escribir, etcétera, además de los destrozos y actos de gamberrismo, como desparramar el contenido de los archivos o quemar documentos e historias clínicas. El 30 de junio pasado, una psiquiatra de un ambulatorio de San Blas denunció a un drogadicto que la golpeó ante su negativa a facilitarle recetas.

Alambradas

"Las amenazas siempre son del mismo tipo", declaró a este periódico un grupo de médicos de ambulatorio que han recogido datos sobre la situación general. "Que 'estoy muy mal', que ,necesito las recetas', que 'si no te voy a rajar', etcétera. Ya es grave que los médicos tengan que trabajar en un clima de coacción continuada, pero es que, además, nos estamos convirtiendo en cómplices forzosos del mercado negro de. fármacos, porque sabemos perfectamente que las recetas se venden luego o se utilizan para adquirir frascos de Rohipnol y Buprex principalmente, que luego se venden también a altos precios".El ambulatorio Rafael Alberti es una buena muestra de la nueva arquitectura impuesta por las circunstancias. Totalmente cerrado, su perímetroestá vallado con una pared de ladrillo de dos metros de altura y rematada por alambre de espino. Los nuevos centros del Insalud, afirmó ayer un portavoz del gabinete de prensa del Insalud de Madrid, se construyen como edificios cerrados, con un patio interior para que penetre la luz natural y con una sola puerta de acceso, que se supone es más fácil de proteger.

El Insalud reconoció que se cuentan por miles las recetas que se roban de los centros sanitarios, y que tales robos se producen de forma sistemática, "pero", afirmó el citado portavoz, "no hay soluciones fáciles. Tenemos los casos de médicos en concreto que son amenazados por algún drogadicto que la ha tomado con ellos. En estoscasos les cambiamos de destino, pero cuando la situación afecta al centro en general es difícil hacer algo. Hasta ahora hemos instalado servicio de vigilantes jurados en cuatro ambulatorios, pero no podemos extender el servicio a los 189 centros repartidos por Madrid, aparte que muchos centros tienen varias plantas y que las amenazas suelen producirse en el interior de las consultas, a puerta cerrada".

Uno de los vigilantes jurados confirmó a este periódico la existencia habitual de coacciones a Ios médicos, y contó, entre otros muchos incidentes, el de un toxicómano "que llegó al centro muy nervioso", y pegó un hachazo en la mesa de una médica.

Andrés Améscoa Martínez, concejal socialista del Ayuntamiento navarro de Aguilar de Codés, fue asesinado a tiros a primeras horas de la noche del lunes por un vecino de esta misma localidad cuando salía, de la casa consistorial en compañía de otros ediles del PSOE, tras haber celebrado un pleno municipal ordinario. El presunto autor de los disparos se entregó a la Guardia Civil.
Andrés Améscoa recibió el impacto de siete proyectiles de escopeta en el tórax disparados por Ángel Martínez Guergue, de 65 años, jubilado y soltero, quien se había escondido en los soportales del Ayuntamiento esperando la salida de los cinco corporativos del PSOE, según testigos presenciales.Antes de darse a la fuga, Ángel Martínez disparó contra el teniente de alcalde de la localidad, Paulino Martínez González, que acompañaba al concejal asesinado y que resultó herido de gravedad. [Sobre la 20.15 horas, el presunto agresor se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Viana. Éste depositó una escopeta repetidora y otra de cañones recortados y, tras prestar declaración, pasó a disposición judicial, informa Efe].
Según manifestó ayer el concejal Félix Martínez, testigo presencial del asesinato, el autor de los disparos reclamaba desde hacía varios años a las sucesivas corporaciones municipales de Aguilar de Codés una cierta cantidad de dinero que él estimaba que se le adeudaba. Según Félix Martínez, Ángel Martínez perdió hace diez años un juicio contra el Ayuntamiento y desde entonces reclamaba la cantidad a todos los concejales.
Fuentes socialistas indicaron que el asesino no tenía "nada contra las víctimas, sino en todo caso contra el Ayuntamiento en general", y apuntaron la posibilidad de un ataque de enajenación mental del autor de los disparos, ya que, según las declaraciones de Félix Martínez, "podía haber disparado contra cualquier componente de la corporación".
Un portavoz del hospital de Estella informó que el teniente de alcalde sufre heridas por disparo de arma de fuego con entrada de nueve proyectiles en el brazo izquierdo y en el cuero cabelludo. Su pronostico es grave.
Hace dos años, la Guardia Civil retiró a Martínez Guergue su licencia de armas debido a las quejas y temores de los vecinos por su comportamiento en su trabajo de guarda jurado en la localidad. Posteriormente, la Guardia Civil le concedió otra licencia.
Según han señalado concejales de la actual corporación y ex concejales de las corporaciones anteriores, Ángel Martínez ha venido profiriendo amenazas de muerte contra todos ellos de manera pública a lo largo de los últimos años. Estas amenazas llegaron a provocar la presentación de denuncias ante el cuartel de la Guardia Civil de Viana. Jesús Díaz de Cerio, alcalde socialista de Aguilar de Codés, no quiso ayer pronunciarse sobre el contencioso entre el asesino y el Ayuntamiento.

http://www.elpais.com/articulo/espana/NAVARRA/concejal/socialista/muerto/herido/vecino/pueblo/navarro/elpepiesp/19881005elpepinac_29/Tes/

El vigilante jurado Francisco Javier Iglesias Canaval, de 32 años, resultó herido en el cuello por un disparo que se le escapó accidentalmente a un compañero cuando ambos prestaban servicio en el edificio de la Compañía Telefónica situado en la calle de Don Ramón de la Cruz. Un directivo de la empresa Segur Ibérica, a la que pertenecían ambos, dijo: "Eso le puede pasar a cualquiera". Este incidente se viene a sumar a otros similares, en los que diversos empleados de seguridad privada han actuado con impericia o precipitación.

El incidente se produjo sobre las 10 de la noche del pasado día 7, cuando el vigilante José Antonio M. R. había finalizado su jornada laboral y se disponía a guardar el revólver en una taquilla, según su propia declaración en la comisaría del distrito de Buenavista.Luis Valdés, directivo de la empresa Segur Ibérica, a la que pertenecen los vigilantes, explicó que uno de ellos se hallaba en una habitación, donde está instalado el centro de recepción de alarmas, mientras que su compañero salía en ese momento de un cuarto de baño próximo. El arma se disparó cuando José Antonio M. R. la extraía de su funda para guardarla en el armario.

Iglesias fue trasladado por su compañero hasta la casa de socorro de la calle de Montesa, cercana al edificio de la Telefónica, donde los facultativos comprobaron que había sido alcanzado por un proyectil en la región cervical posterior. La herida, en sedal, no afectó a los planos profundos, según el certificado médico, por lo que el paciente fue dado de alta y pasó a su domicilio.

Según fuentes policiales, Iglesias no ha prestado aún declaración en la comisaría de Buenavista, cuyos funcionarios se han hecho cargo de instruir las diligencias y aclarar los hechos. En dicha dependencia, en cambio, compareció José Antonio M. R., que hizo entrega del arma para su posterior examen en el laboratorio de balística de la Dirección General de Policía.

Ambos vigilantes jurados estaban contratados por la empresa Segur Ibérica encargada de la custodia y protección del edificio de la Compañía Telefónica de la calle de Don Ramón de la Cruz.

Un simple fallo

Luis Valdés, directivo de la firma Segur Ibérica, que está considerada como una de las siete grandes del sector, manifestó que el incidente fue "absolutamente fortuito" debido a que uno de los vigilantes "manipuló mal su revólver".Valdés añadió: "Eso le puede pasar a cualquiera", por lo que la empresa estima que se trata de una falta leve, que no implica sanción, sino tan sólo un apercibimiento. "Consideramos que fue un simple fallo, no una negligencia", dijo.

El directivo de Segur Ibérica señaló también que los dos vigilantes, "que son amigos y vecinos", han dado la misma versión de los hechos y no hay motivo para pensar que estos sucedieron de otra forma.

Valdés considera que las lesiones sufridas por Iglesias fueron muy leves y "sólo le afectaron la piel", aunque reconoció que la bala pudo haberle causado la muerte en caso de haber tenido una trayectoria ligeramente diferente.

Medios relacionados con el sector de la seguridad privada reconocen que el auge experimentado por éste ha fomentado el nacimiento de empresas que a veces no ' hacen una rigurosa selección de sus trabajadores.

Algunas de las firmas más potentes han creado sus propios centros de formación para vigilantes jurados, donde éstos reciben un curso cuya duración oscila entre cinco y ocho semanas. Estas empresas suelen realizar un control anual de las facultades de sus empleados.

Según fuentes policiales, sería deseable que las autoridades gubernativas ejercieran un mayor control sobre el negocio de la seguridad privada. El Ministerio del Interior impuso el año pasado 185 sanciones, por importé de 46 millones de pesetas, al considerar que las empresas habían incurrido en diversas irregularidades.

Negocio millonario

El sector de la seguridad prevé facturar este año alrededor de 100.000 millones de pesetas. Parte de este dinero será pagado por la Hacienda pública, debido a que la protección de muchos edificios oficiales corre a cargo actualmente de vigilantes, en lugar de guardias civiles o policías.Expertos policiales reconocen que las empresas se han esforzado mucho en la preparación física de sus vigilantes jurados, sobre todo en materias como el tiro y la defensa personal. Sin embargo, las mismas fuentes opinan que muchas de estas personas .no tienen suficiente preparación psicológica para enfrentarse con frialdad a determinadas situaciones". Otro aspecto que está creando fricciones entre el Ministerio del Interior y los grupos de seguridad es el de las escoltas a hombres de negocios por vigilantes jurados, aunque es una actividad prohibida.